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Insta AFL-CIO a Obama a abordar caso Ayotzinapa con Peña Nieto

Fuente: Jornada.unam.mx

La Federación Estadunidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), que afilia a las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos, presentó una carta abierta en la que insta al presidente Barack Obama a abordar, durante la visita de Enrique Peña Nieto a Washington, el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos en México.

A continuación, el texto íntegro:

5 de enero, 2015

Estimado señor presidente:

El 6 de febrero de 2015, usted se reunirá con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. La relación entre México y Estados Unidos es de vital importancia, pues las dos naciones comparten vínculos sociales, culturales y económicos profundos y duraderos. La seguridad y prosperidad de ambas naciones depende de la capacidad de aplicar políticas coordinadas que promuevan los derechos humanos y un desarrollo económico equitativo en ambos lados de la frontera.

La AFL-CIO y el movimiento sindical global están profundamente preocupados por el rápido deterioro de los derechos humanos y laborales en México, crisis que afecta de manera directa y sustancial a los trabajadores de ambos países. Las causas de raíz de la crisis de los derechos humanos en México son muchas y complejas, entre ellas la desigualdad económica en aumento, el creciente desempleo y la ausencia de trabajo decente, el desplazamiento rural, la arraigada corrupción pública y la ausencia del estado de derecho en todos los niveles.

Lo exhortamos a abordar con el presidente Peña Nieto, durante el próximo encuentro, los temas que esbozamos a continuación. Algunos de ellos requerirán que su gobierno tome medidas específicas, y lo instamos a hacerlo así.

La reciente desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes de la escuela de maestros en Ayotzinapa, Guerrero, por policías locales y bandas criminales, es un ejemplo horripilante de violencia sistémica, corrupción y disolución del estado de derecho. La búsqueda de los estudiantes ha revelado varios entierros masivos en los que no se encontraron restos de ellos, brutal recordatorio de que el asesinato en masa con impunidad es un suceso demasiado común en México.

El gobierno mexicano debe procurar que se recuperen los cuerpos de los 42 estudiantes desaparecidos (se han hallado los restos de uno), y los autores materiales e intelectuales del crimen, incluidos funcionarios públicos, deben ser llevados ante la justicia.

El incidente de Ayotzinapa no es único. Naciones Unidas reporta que autoridades públicas cometen de rutina violaciones a los derechos humanos. Militares y policías a todos los niveles se valen de la tortura para arrancar confesiones. Las fuerzas armadas mexicanas se han involucrado en múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellas el asesinato en masa de 22 civiles en junio de 2014. Más de 22 mil personas han desaparecido desde 2007, más de 5 mil sólo en 2014. Estos crímenes rara vez se investigan y los perpetradores casi nunca son perseguidos, lo que permite a las fuerzas de seguridad pública operar con absoluta impunidad. Trabajadores centroamericanos migrantes en México también son sometidos a abusos sistemáticos de los derechos humanos. Periodistas y defensores de los derechos humanos que trabajan para exponer estos abusos son con frecuencia víctimas ellos mismos de la violencia.

El gobierno mexicano debe adoptar de inmediato mecanismos existentes para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos (incluso protecciones de los derechos laborales y de activistas sindicales), y aplicar a plenitud las reformas de justicia penal promulgadas en 2008 para asegurar investigaciones eficientes y acopio y preservación adecuados de evidencias, respetando las garantías del debido proceso. Deben hacerse mayores esfuerzos por fortalecer las instituciones para atender los miles de casos de personas desaparecidas, e instaurar mecanismos internos y externos de rendición de cuentas para investigar y sancionar a funcionarios que participen en crímenes y abusos.

La corrupción pública, el abuso y la impunidad son las causas de raíz de la virtual ausencia de relaciones industriales genuinas en México, que deprime artificialmente los salarios y limita el crecimiento económico. Muchos trabajadores son cubiertos por contratos colectivos (“contratos de protección”) que nunca han visto, mucho menos negociado o ratificado mediante su voto. Cuando intentan organizar sindicatos independientes para enfrentar las condiciones de explotación laboral, esos sindicatos dominados por los patrones responden con amenazas e intimidación, diseñadas para sofocar la organización legítima.

Los trabajadores que se atreven a intentar formar sindicatos independientes enfrentan violencia de los patrones y de los sindicatos dominados por éstos, a menudo en colusión con la policía y autoridades locales. Esta situación se presenta en lugares de trabajo de muchas compañías nacionales e internacionales, entre ellas Atento, Excellon, Honda, PKC y Teksid.

La persistencia de sindicatos dominados por patrones se debe en parte a un sistema de juntas de conciliación y arbitraje que carece de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, y está abierto a la corrupción. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha expresado serias inquietudes acerca del impacto de los contratos de protección sobre la libertad de asociación. Estos temas están bien documentados en los informes públicos de numerosos casos planteados contra México conforme al acuerdo del rubro laboral del TLCAN, el cual por desgracia no ofrece un remedio efectivo a las violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores mexicanos.

México debe eliminar el corrupto sistema de juntas de conciliación y arbitraje y permitir a los trabajadores elegir a sus representantes de manera democrática y libre de intimidación. Como miembro de las negociaciones en curso de la Asociación Transpacífico, los negociadores de Estados Unidos deben demandar que México realice cambios antes de entrar en cualquier acuerdo comercial, pues las leyes actuales no tienen conformidad con ningún clausulado laboral creíble.

En fecha reciente, Los Angeles Times publicó una investigación que puso al descubierto trabajo infantil, trabajos forzados y condiciones laborales inhumanas en granjas que exportan productos frescos a Estados Unidos, que luego se venden en cadenas minoristas como Walmart y Safeway. El informe descubrió que “los jornaleros quedan en esencia atrapados durante meses en campamentos infestados de ratas, a menudo sin camas y a veces sin retretes funcionales o un suministro confiable de agua” (http://graphics.latimes.com/product-of-mexico-camps/ ) Los jornales son retenidos con frecuencia para evitar que los trabajadores se vayan durante la cosecha, y muchos de éstos contraen grandes deudas con tiendas de la compañía, que cobran precios inflados por productos básicos. Quienes buscan escapar “de las deudas y las miserables condiciones de vida tienen que enfrentarse con guardias, alambradas de púas y en ocasiones amenazas de violencia de los supervidores del campamento”. Estos hechos son evidencia de serias violaciones a los derechos laborales internacionales, incluidas las obligaciones laborales de México conforme al TLCAN. El comercio bilateral de productos agrícolas asciende a 7 mil 600 millones de dólares anuales y se ha triplicado en la década pasada. Irónicamente, las granjas mexicanas están sujetas a inspección estadunidense en cuanto a la condición del producto, pero no en sus condiciones laborales. Muchas compañías estadunidenses importantes cuentan con políticas de responsabilidad social que comprenden protecciones laborales básicas, pero la aplicación de esas normas no se cuida de manera significativa. Una nueva iniciativa de asociaciones comerciales de ambos países, descrita en la serie de Los Angeles Times, es un primer paso, pero no es probable que baste para resolver el problema.

Los gobiernos de México y Estados Unidos deben trabajar coordinadamente para procurar que productos logrados mediante trabajos forzados o trabajo infantil no se exporten al mercado estadunidense. El gobierno mexicano debe aplicar con vigor sus leyes laborales en el sector agrícola e intensificar esfuerzos para combatir el trabajo infantil, no por la vía de criminalizar a los niños trabajadores y sus familias, sino brindando oportunidades e incentivos educacionales. Estados Unidos debe ofrecer asistencia técnica sobre inspección y aplicación de la ley laboral donde sea necesario. A la vez, Estados Unidos debe instar enérgicamente a sus minoristas a usar su considerable influencia económica para insistir en que los productos que adquieran no sean obtenidos en condiciones de explotación. De hecho, las compañías ya tienen esa reponsabilidad, conforme a los Principios Rectores sobre Negocios y Derechos Humanos de la ONU. Por último, Estados Unidos debe también reconocer que en muchas granjas del país se trabaja en condiciones similares, entre ellas productoras de tabaco, y su gobierno debe realizar esfuerzos igualmente vigorosos para procurar que los bienes agrícolas productos allí no sean fruto de condiciones de explotación e ilegales.

Una política comercial fallida ha impulsado el desplazamiento de un número significativo de trabajadores rurales. Puesto que el TLCAN no logró generar salarios reales más altos y oportunidades de empleo, trabajadores mexicanos en busca de una vida mejor se vieron forzados a emigrar a Estados Unidos, donde enfrentaron nuevas explotaciones. Si bien la inmigración procedente de México declinó durante la recesión en Estados Unidos, persisten las condiciones estructurales que generaron la inmigración en masa: falta de oportunidad económica y creciente violencia e inseguridad. A mexicanos que cruzan la frontera y pueden tener argumentos válidos para buscar asilo, entre ellos niños, les es negada una oportunidad significativa para solicitar asilo y son devueltos sumariamente, o se les detiene en condiciones inhumanas. La orden ejecutiva del gobierno estadunidense para permitir que ciertos trabajadores indocumentados permanezcan en el país es un paso muy positivo, con el potencial de permitir a millones de trabajadores salir de las sombras. Sin embargo, en tanto no se atiendan la violencia y la pobreza que causan la migración, la orden ejecutiva es una medida de contención.

En Estados Unidos, falta más por hacer para garantizar el bienestar y trato justo a niños y refugiados, incluido el derecho pleno al debido proceso. Los solicitantes potenciales de asilo deben recibir una oportunidad significativa para hacerlo, y los oficiales fronterizos deben recibir capacitación apropiada para asegurar que se ofrezca dicha oportunidad. También renovamos nuestro llamado a una reforma integral que ofrezca un camino hacia la ciudadanía y la protección real de los trabajadores. En México, el gobierno también necesita garantizar la seguridad de los migrantes económicos, que con frecuencia son objeto de tráfico y/o explotados por redes criminales. Ambos países necesitan trabajar para crear empleos decentes y reducir la desigualdad de ingreso.

Lo apremio a abordar estos temas y trabajar para adoptar una agenda política coordinada que mejore los derechos humanos y laborales y las condiciones de vuida de los trabajadores y sus familias en ambos lados de la frontera.

Sinceramente,

Richard L. Trumka,

presidente

Traducción: Jorge Anaya

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