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Normas internacionales de inversión “sin sincronía” con los desafíos del siglo 21; Discurso ante evento preparativo en las Naciones Unidas para la Cumbre sobre la Financiación del Desarrollo

Fuente: Ips-dc.org

Diciembre 11, 2014

“Aquí estamos en medio de una crisis climática y tenemos demandas de inversionistas en contra de gobiernos por políticas de fomento para las energías renovables”, dice Sarah Anderson en un evento preparatorio de la ONU para la Cumbre de la Financiación para el Desarrollo.

Por Sarah Anderson

Para el discurso de Sarah Anderson, saltar a 1:53:43. (ver video en el enlace arriba)

Transcripción:

“Quiero empezar con un poco de la historia que me acabo de enterar esta semana. Tiene que ver con la reunión anual del Banco Mundial hace 50 años en Tokio. Fue en esta reunión que hubo una votación para aprobar el convenio constitutivo del CIADI, el tribunal de arbitraje internacional asociado con el Banco Mundial. Lo que me acabo de enterar en un artículo de la Dra. Robin Broad, de la American University, es que 21 gobiernos votaron “No” porque vieron al régimen de solución de controversias inversionista-Estado como innecesario e injusto. Esto incluyó a todos los gobiernos latinoamericanos que asistieron esta reunión a la que se conoció como el “No de Tokyo”.

Planteo esto porque hoy, 50 años después, creo que el “No de Tokyo” está siendo reivindicado. El régimen de inversión internacional está sufriendo una profunda crisis de legitimidad y la Cumbre Mundial sobre Financiación para el Desarrollo ofrece una oportunidad muy importante para ayudar a trazar el curso para su reforma, de manera que este régimen promueva el desarrollo sustentable.

Una revisión a fondo es en verdad inevitable dado que el sistema actual está claramente fuera de sintonía con los retos clave del siglo 21. En medio de la crisis climática, tenemos casos de demandas en contra de gobiernos por sus políticas para fomentar las energías renovables. A raíz de la crisis financiera, aún tenemos acuerdos que restringen el uso de controles de capitales y otras políticas para promover la estabilidad financiera mundial. A raíz de la catástrofe de Fukushima, tenemos un caso de una demanda en contra de Alemania por su decisión de abandonar la energía nuclear. Y en un momento en que los costos de la salud relacionados con el tabaco llegan a cerca de medio billón de dólares al año, varios gobiernos se enfrentan a demandas de inversionistas extranjeros debido a sus leyes antitabaco.

Es cierto, los Estados han aceptado estos tratados y sus mecanismos de aplicación. Pero creo que muchos de ellos estuvieron de acuerdo con ellos en un momento en que no se conocían todas las implicaciones. Y, de hecho, tengo que admitir que como alguien que trabajó en el debate sobre el TLCAN hace 20 años, yo no comprendía plenamente en esos momentos las implicaciones del Capítulo 11 de inversiones de este tratado.

 

 

Un caso particular en el que mi instituto ha estado profundamente involucrado es un excelente ejemplo de cómo el régimen actual puede hacer que sea difícil para los gobiernos procurar el desarrollo sustentable. Este es el caso Pacífic Rim vs. El Salvador, que se centra en la demanda de esa empresa para un permiso para un proyecto minero de oro que muchos temen podría contaminar la fuente principal de agua potable del país. Dos gobiernos sucesivos se han negado a conceder un permiso con el fin de proteger el agua. Pero en lugar del apoyo merecido, lo que han conseguido es una demanda en el CIADI por parte de la minera Pacific Rim por alrededor de $300 millones de dólares – y casi $ 13 millones dólares en costos legales hasta el momento.

Y si casos como el Pacific Rim son preocupantes, aún más preocupante es pensar en cuántas veces los funcionarios públicos podrían haber o han querido tomar medidas para proteger el agua de su país, o la salud pública o alguna otra medida de interés público, pero no lo han hecho por temor a una costosa demanda por parte de inversionistas. Ese es el peligro real, el “efecto congelador”, que no podemos medir en su totalidad, pero sabemos que existe.

También deseo indicar un área donde creo que la Cumbre para la Financiación del Desarrollo está especialmente bien posicionada para hacer una diferencia real,  y es en cómo estos acuerdos para la protección de inversiones manejan el tema de los flujos de capitales volátiles.  En efecto, como se señaló en la Declaración de Monterrey, los flujos de capitales privados pueden complementar los esfuerzos por el desarrollo. Pero también pueden menoscabarlo completamente si son demasiado volátiles. Hay una gran variedad de políticas de gestión de los flujos de capital que han demostrado su eficacia, pero la mayoría de los tratados de inversión todavía los prohíben.

Este es un enfoque completamente anacrónico. Como ustedes saben, el FMI aprobó una nueva posición oficial en 2012 que apoya el uso de controles de capital para evitar o atenuar la inestabilidad financiera en determinadas condiciones. También reconocieron los conflictos entre esta posición y algunos tratados comerciales y de inversión. El documento final de la Cumbre sobre el Financiamiento para el Desarrollo debe basarse en las declaraciones del FMI y en la convocatoria de salvaguardas fuertes para las políticas de gestión de los flujos de capital.

Me han pedido guardar la mayoría de mis pensamientos acerca de las alternativas para el período de discusión, pero permítanme decir que he pensado bastante sobre éstas dado que yo formé parte de un órgano asesor del gobierno de Obama para dar recomendaciones en torno al modelo de Tratado Bilateral de Inversiones de Estados Unidos. Hemos producido recomendaciones voluminosas para saber cómo cambiar estos tratados de inversión con el objetivo de que apoyen el interés público. Permítanme dirigirme a la raíz del problema, que es el mecanismo de controversias inversionista-Estado. Mi opinión es que estaríamos mejor sin él, y aplaudo los esfuerzos de algunos gobiernos que están dejando este sistema. También me gustaría decir que si se requiriera a los inversionistas extranjeros el agotar los recursos legales domésticos, creo que la mayoría de los casos más atroces desaparecerían. También podría haber una cláusula de futilidad, para que en el caso extremo de que una junta militar entre y le robe a un inversionista su propiedad sin pagarle un centavo, este podría argumentar de que sería inútil presentar un recurso legal en el miso país.

Quiero terminar agradeciendo por esta oportunidad. Como ya he dicho, creo que grandes cambios son inevitables, y sería muy útil contar con que la Cumbre sobre Financiamiento para el Desarrollo ayude a marcar el rumbo para la siguiente fase del régimen de inversiones, para que esté perfilado para promover el desarrollo sustentable “.

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