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Lo que el libre comercio ha hecho a Centroamérica

Fuente: Thenation.com

Noviembre 24, 2014

Manuel Pérez-Rocha, Julia Paley y Foreign Policy In Focus

Workers in Costa Rica

Desde que los republicanos ganaron en grande en las elecciones legislativas en Estados Unidos el pasado mes de noviembre, el debate sobre los tratados de “libre comercio” podría volver a ocupar un lugar central en Washington.

El presidente Barack Obama ha estado buscando la autoridad “fast-track” que le permitiría empujar en el Congreso el Tratado Trans-Pacífico, (TPP, por sus siglas en inglés) – que es un acuerdo masivo de libre comercio entre Estados Unidos y una serie de países de la Cuenca del Pacífico – con un muy limitado debate y sin oportunidad para enmiendas.

Desde el principio, los políticos que han apoyado el TPP han exagerado sus beneficios y subestimado sus costos. Rara vez se tiene en cuenta, por ejemplo, que el pacto permitiría a las corporaciones demandar a los gobiernos cuyas regulaciones amenacen sus ganancias, en casos presentados ante tribunales extranjeros, secretos y que no rinden cuentas.

Así que es necesario ver de cerca el impacto real que los tratados comerciales han tenido sobre los pueblos y sobre el medio ambiente. Un buen ejemplo es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Negociado por el gobierno de George W. Bush y un puñado de aliados hemisféricos, el pacto ha provocado más pobreza, dislocación, y la contaminación ambiental en la región. Más aún, el DR-CAFTA disminuye la capacidad de los países de Centroamérica para proteger a sus ciudadanos de los abusos de las corporaciones extranjeras.

Una premonición

Entre 2004 y 2005, cientos de miles de manifestantes llenaron las calles de Centroamérica. Advirtieron del desempleo, la pobreza, el hambre, la contaminación, la disminución de la soberanía nacional, y otros problemas que podrían resultar si se aprobara el CAFTA-RD. Pero a pesar de la presión popular, el tratado fue ratificado en siete países, incluyendo Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos.

Diez años después de la aprobación del DR-CAFTA estamos viendo muchos de los efectos que se advirtieron. Los Indicadores económicos generales en la región han sido pobres, con algunos gobiernos incapaces de proporcionar servicios básicos a la población. Los agricultores han sido desplazados cuando no pueden competir con los granos importados de Estados Unidos. En medio de importantes niveles de desempleo, los abusos laborales continúan. Los trabajadores de las plantas de ensamblaje para la exportación a menudo sufren malas condiciones laborales y bajos salarios. Y la extracción de recursos naturales ha procedido con escasas protecciones para el medio ambiente.

Contrariamente a las promesas -los funcionarios estadounidenses aseguraban que el acuerdo mejoraría las economías de América Central y de ese modo se reduciría  la inmigración de indocumentados centroamericanos (¿dónde oímos eso antes?)- la migración hacia Estados Unidos ha aumentado,  como se ha advertido más recientemente y de manera dramática por la afluencia de decenas de miles de niños de Guatemala, El Salvador, y Honduras cruzando la peligrosa frontera entre México y Estados Unidos. Aunque la mayoría de los niños están huyendo con urgencia de la violencia en sus países, existen importantes raíces económicas de la migración muchas de las cuales están relacionadas con el DR-CAFTA.

Una de las características más perniciosas del tratado es el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Esto permite a las corporaciones extranjeras demandar a los gobiernos sobre presuntas violaciones de una larga lista de las llamadas “protecciones a los inversionistas.” Los casos más polémicos han involucrado las leyes y regulaciones de interés público que las empresas arguyen reducen el valor de sus inversiones. Eso significa que las corporaciones pueden demandar a los Estados por las ganancias que dicen que habrían obtenido si las regulaciones por el interés público no se hubieran puesto en práctica.

Tales demandas pueden ser financieramente devastadoras para países pobres que luchan para poder proporcionar servicios básicos a sus pueblos, y que a duras penas pueden participar en onerosas batallas judiciales con empresas transnacionales. Estas demandas también pueden evitar que los gobiernos tomen decisiones democráticamente responsables, empujándoles a dar prioridad a los intereses de las empresas transnacionales por encima de las necesidades de sus ciudadanos.

La industria minera y la nueva fiebre del oro

Estos perversos incentivos en los tratados de libre comercio han dado lugar a la desregulación ambiental y a una mayor protección para las empresas que han contribuido a una explosión de minería tóxica con el oro como vanguardia. Un impresionante 14 por ciento del territorio de América Central está ahora autorizado para la minería. Según el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) de El Salvador, esa cifra se acerca al 30 por ciento en Guatemala y Nicaragua, y se eleva hasta un 35 por ciento en Honduras.

A diferencia de sus vecinos centroamericanos, El Salvador y Costa Rica han impuesto regulaciones para defender sus entornos de prácticas mineras destructivas. La presión comunitaria para proteger las escasas cuencas acuíferas de El Salvador -que son profundamente vulnerables a los deshechos de la minería –  ha impedido con éxito la tóxica extracción a gran escala de minerales como el oro, y dos gobiernos salvadoreños han puesto y mantenido una moratoria a la minería. En Costa Rica, después de una larga campaña de sensibilización y movilización nacional, el Congreso votó en 2010 por la prohibición de la minería a cielo abierto y la prohibición del uso de cianuro y mercurio en las actividades mineras.

Sin embargo, ambos países están siendo castigados por hacer caso a las demandas de sus ciudadanos. Varias compañías estadounidenses y canadienses utilizan las disposiciones inversionista-Estado del DR-CAFTA para demandar directamente a estos gobiernos. Estas disputas son arbitradas por tribunales secretos, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es una institución del Banco Mundial y no rinde cuentas a ningún organismo democrático.

En 2009, la compañía minera estadounidense Commerce Group demandó ante al CIADI a El Salvador por haberle cerrado una mina muy contaminante. El caso fue desestimado en 2011 por falta de jurisdicción, pero El Salvador tuvo que pagar varios millones de dólares en honorarios y cuotas para su defensa. En un caso aún que aún está en proceso, la minera de oro Pacific Rim demandó a El Salvador bajo el DR-CAFTA por no haberle otorgado un permiso de explotación debido a que la empresa no completó los requisitos legales y ambientales. Para evadir el hecho de que la empresa canadiense no era de un país signatario del DR-CAFTA, mudo su filial de las Islas Caimán a Reno, Nevada, en un intento de utilizar las disposiciones del acuerdo. Aunque ese truco no le funcionó, el caso continúa bajo una anticuada ley de inversiones de El Salvador, que desde entonces ha sido reformada para que otras empresas no lo puedan llevar al CIADI.

Infinito Gold por su parte ha utilizado el DR-CAFTA para demandar a Costa Rica por casi $ 100 millones de dólares por no permitir la minería como lo explicamos arriba. Y la empresa Corona Materials con sede en Estados Unidos ha presentado una notificación de intención de demandar a la República Dominicana, también alegando violaciones a los derechos de inversionistas del DR-CAFTA. Estos costosos casos judiciales pueden tener efectos devastadores sobre las economías nacionales de estos países pequeños.

Por supuesto, las controversias inversionista-Estado en el DR-CAFTA no sólo están relacionadas con la minería.

Por ejemplo, TECO Guatemala Holdings, una empresa estadounidense, alegó en 2009 que Guatemala había interferido indebidamente con la inversión de su filial indirecta, en una empresa de distribución de electricidad. TECO denunció que el gobierno no había protegido su derecho a un “nivel mínimo de trato” – un nivel excepcionalmente vago que está abierto a una amplia interpretación por los tribunales internacionales que rigen en tales casos – en relación con la fijación de las tasas por los reguladores del gobierno. En otras palabras, TECO quería cobrar tarifas eléctricas más altas a los usuarios guatemaltecos de las que Estado consideraba justas. Guatemala tuvo que pagar $21.1 millones dólares en daños compensatorios y $ 7.5 millones en honorarios legales, por encima y más allá de lo que gastó en su propia defensa.

La Railroad Development Corporation con sede en EEUU también demandó a Guatemala, lo que ha llevado al país a pagar un adicional de $ 11.3 millones de dólares, además de sus propios gastos legales como los de la compañía.  Spence International Investments y otras compañías demandaron Costa Rica por su decisión de expropiar la tierra para un parque ecológico público.

Un efecto congelador

Lo que está en juego aquí no es sólo el costo de las demandas o el impacto de la destrucción del medio ambiente, sino también la capacidad de un país para tomar decisiones soberanas y promover el bien público.

Las normas de inversión que permiten a las empresas eludir los sistemas judiciales nacionales y desafiar las políticas públicas responsables pueden crear un efecto que ha sido bautizado como “enfriamiento regulatorio”. Esto significa que los países que de otro modo habrían limitado la actividad empresarial no lo hacen por el temor a ser demandados.

Guatemala es un caso de primera. Ha tenido que pagar a las empresas decenas de millones de dólares en demandas inversionista-Estado, especialmente en las industrias de servicios públicos y transporte. Pero aún no ha sido demandada por una empresa minera. Eso es debido a que el gobierno de Guatemala no ha limitado las operaciones de este tipo de empresas o alterado su ánimo de lucro.

Por ejemplo la Mina Marlin en el oeste de Guatemala. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno de Guatemala el cerrar la mina a causa de sus impactos sociales y ambientales en la región circundante y su población indígena. Sin embargo, después de acordar brevemente a suspender las operaciones, el gobierno de Guatemala reabrió la mina poco después.

En documentos internos obtenidos por activistas, el gobierno de Guatemala citó el potencial arbitraje de inversión como una razón para evitar la suspensión de la mina, escribiendo que cerrar el proyecto podría provocar que los propietarios de la mina el ” activar el [tribunal de inversión] del Banco Mundial o el invocar las cláusulas del acuerdo de libre comercio para tener acceso al arbitraje internacional y la posterior reclamación de daños y perjuicios al Estado.” Como demuestra este ejemplo, el hecho de saber que una empresa podría demandar puede impedir a un país el defender los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

Más recientemente, también en Guatemala, las comunidades alrededor de San José del Golfo- cerca de 45,000 personas – han participado en dos años de resistencia pacífica para evitar que la construccipon de una nueva mina por parte de la estadounidense minera Kappes, Cassiday y Asociados. Los manifestantes han estimado que el 95 por ciento de las familias de la región depende de la agricultura, una actividad que sería prácticamente destruida si el agua fuese contaminada aún más. Pero la empresa amenazó con demandar a Guatemala si no se abría la mina. “Ellos no podían permitirse esta demanda”, dijo un representante de la compañía. “Teníamos un grupo fuerte de abogados en [Washington] DC que lanzó una carta al ministro de minas, con copia al presidente, explicando lo que estábamos haciendo.”

En efecto, el 23 de mayo, la población de San José del Golfo fue desalojada violentamente de sus tierras por la fuerza militar, poniendo al gobierno en contra de su propio pueblo y en alianza con la empresa todos para evitar un pleito muy costoso.

Un Preludio al TPP

Las advertencias sobre las crisis que el “libre comercio” traería a los centroamericanos fueron, por desgracia, correctas. Centroamérica se enfrenta a una crisis humanitaria que ha incitado a millones de personas a emigrar como refugiados de la violencia y la pobreza, miles de ellos niños. Un factor de empuje es la degradación del medio ambiente provocada por las despiadadas corporaciones mineras que están desalojando a la gente de sus medios de vida rurales.

Y no se trata sólo del DR-CAFTA. Los numerosos casos inversionista-Estado entabladas en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y en países de todo el mundo, han expuesto de manera clara lo pernicioso de las normas de protección a los inversionistas los llamados tratados de “libre comercio”. Muchos gobiernos se están dando cuenta de que estos acuerdos les han atado las manos cuando se trata de proteger a sus ciudadanos y a su propio medio ambiente.

Debemos utilizar estos atroces casos inversionista-Estado para resaltar el extremo poder corporativo en la región. Tenemos que trabajar para ayudar a la gente de Centroamérica a recuperar sus medios de vida perdidos a los inhumanos proyectos extractivos como la minería. Y tenemos que cambiar los acuerdos comerciales y de inversión para detener estas demandas excesivas que devastan comunidades, el medio ambiente  y la propia democracia.

Al igual que el DR-CAFTA, la propuesta del TPP incluye disposiciones inversionista-Estado que pueden hacer gran daño a las comunidades y socavar las protecciones ambientales. En lugar de pasar por “la vía rápida” en el Congreso de Estados Unidos, los futuros tratados comerciales como el TPP y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión en negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, deben ser objeto de un amplio debate con la una amplia participación pública. Este tipo de acuerdos no deben, a cualquier costo, incluir mecanismos inversionista-Estado, porque el sacrificar la democracia por los intereses de las corporaciones transnacionales no hace mucho bien ni al “libre comercio”, al fin de cuentas.

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