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La italiana Enel Green Power arremete contra El Salvador con nueva demanda ante el Banco Mundial

Fuente: Lapagina.com.sv

14 de Agosto de 2013

Enel arremete contra LaGeo con nueva demanda ante el Banco Mundial

Por Israel Serrano

La empresa Italiana Enel Green Power a través de un comunicado de prensa detalló que ha presentado una nueva demanda contra el Estado salvadoreño por no permitirle lograr la mayoría accionaria en LaGeo. Esta vez acudió al Centro Internacional de Arreglo de Doferecnias Relativas a Inversiones (CIADI) entidad del Banco Mundial.

“Enel Green Power sigue abordando por una solución razonable, en la que ambos socios de LaGeo pueden incrementar sus inversiones en El Salvador e impulsar el desarrollo geotérmico del país, en beneficio de todos los salvadoreños”, aseguró la empresa Italiana en el documento.
Asimismo sostienen la Italiana que se le han violado sus derechos legítimos establecidos en el contrato con LaGeo y un posible riesgo sobre la continuidad de la concesión pactada con el Estado salvadoreño.
Además reiteró que continuará tomando todas las medidas necesarias para “defender” y asegurar sus derechos a nivel nacional como internacional.
Actualmente, Enel es propietaria del 36.2% de las acciones de LaGeo y el restante 63.8%, situación que cambiaría tras una inversión de $127.4 millones que la Italiana realizaría en la empresa salvadoreño, situación que los llevaría a tener la mayoría con un 53%.
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), quien posee la titularidad de LaGeo impidió dicha inversión debido a que la calificó como un intento de “privatización”, lo que iría en contra de los intereses de los salvadoreños, tomando en cuenta que subsidiaria de Cel produce el 25% de la energía nacional.
El año pasado, La Asamblea Legislativa dictaminó que la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), no era la entidad apta para firmar contratos como los establecidos entre Enel y LaGeo y dicho proceso debió pasar por los parlamentario.
Este último argumento ha sido la bandera del gobierno para asegurar que dicho contrato es inconstitucional.

 

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