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“El oro ni se toma, ni se come”

Fuente: Rcc.contrapunto.com.sv

11 Mayo 2013

Por Gloria Morán

En la región centroamericana ningún país tiene las condiciones para la minería, dicen expertos

Por Gloria Morán

Fotos: Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica

SAN SALVADOR -  El Salvador, hasta la fecha es el único país de la región centroamericana en el que legalmente no se ha dado paso a la labor minera.De ahí es que la lucha de las organizaciones y las comunidades en contra de la minería cobran fuerza para resistir y mostrar evidencias al Estado de que esta labor no es viable para el desarrollo en El Salvador.

Si bien es cierto en el país no hay una ley que prohíba la minería, en 2012 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), junto al Ministerio de Economía presentaron a la Asamblea Legislativa un proyecto para suspender todas las solicitudes de exploración y explotación minera.

El pasado 10 de mayo diferentes organizaciones independientes de países centroamericanos, como Honduras, El Salvador, Guatemala; también países como Australia y Alemania, realizaron una conferencia internacional con el fin de establecer y fortalecer estrategias comunes en contra de la explotación minera en la región.

La reunión fue denominada Conferencia Internacional Contra la Minería de Oro y la Defensa del Agua en El Salvador y fue organizada por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica con el apoyo de otras instancias, entre ellas Oxfam.

En El Salvador ya hay un ejemplo de cómo la minería metálica puede afectar en grande al medio ambiente: la Mina San Sebastián, en el departamento de la Unión. Es una mina explotada por la compañía estadounidense Commerce Group desde 1968 hasta principios de la década de los 80 y de la cual se alega haber extraído un total de 7 mil millones de dólares en oro, de los cuales no se observa ningún beneficio para la comunidad.

El agua del Río de San Sebastián es del color del moho, con un fuerte olor a azufre y es el vecino de decenas de familias que a pesar de estar conscientes de la contaminación, se ven en muchas ocasiones obligadas a hacer uso doméstico del agua del río.

Juliana Turqui, una de las panelistas de la Conferencia Internacional  y coordinadora del Programa Regional de Industrias Extractivas de Oxfam América, concedió una entrevista a ContraPunto en el que cuenta sobre el panorama actual de la minería en la región, en especial de Guatemala, Honduras y El Salvador.

¿Cuál es el panorama de la industria extractiva en la región?

El panorama de la minería en la región es algo diferente entre El Salvador, Guatemala y Honduras. En Guatemala es bastante crítica, a diferencia de El Salvador que en este momento hay una especie de moratoria en la minería. En los otros dos países no hay licencias activas aunque hay algunas esperando su aprobación.

En Guatemala, por ejemplo, y Honduras, a pesar de la alta oposición que hay a la minería como un modo de desarrollo por parte de  movimientos sociales, de gentemina3 potencialmente afectada, de tanques de pensamiento, de las universidades, de activistas ambientales y de institutos de investigación, los gobiernos deciden que sí es una alternativa para ellos.

En Honduras se acaba de aprobar, en abril, una ley de minería que favorece al sector minero. En esta ley se incluye toda la parte de hidrocarburos, por eso la BP  arreglo un nuevo contrato petrolero.

Para Guatemala hay una ley de minería vigente desde los 90 que tiene una pequeña modificación por este gobierno de Otto Pérez Molina en cuanto a que las empresas pueden dejar unas regalías voluntarias que normalmente exceden del 1 por ciento y que se está aplicando.

¿Cuantas licencias hay otorgadas en Guatemala?

En Guatemala hay activas alrededor de 40 licencias de explotación minera metálica, y aproximadamente 350  en trámites para la exploración, es muy alto el nivel que hay en ese país. En Honduras hay cuatro licencias de explotación.

Entonces, el panorama para un país como El Salvador, que es pequeño, altamente poblado y dependiente de los recursos naturales de Honduras y Guatemala, es crítica la situación, porque si los dos países están con una política de aprobar, sobre todo Guatemala, desmedidamente licencias podrían afectar en grande, aún cuando El Salvador consiguiera una ley que prohibiera la minería, que es lo que varios sectores están pidiendo y que ya hay una opinión pública posicionada de que no hay condiciones en el país para que la minería aporte al desarrollo.

En ese sentido, nosotros como Oxfam pensamos que la minería en algunos casos podría aportar al desarrollo de los países, pero que en Centroamérica en ningún país de la región esas condiciones no están dadas para la minería.

¿Cuáles son esas condiciones para que se dé la minería?

Una es que tendría que haber una participación activa de comunidades y organizaciones en la toma de decisiones. Por ejemplo, el tema de las consultas previas a otorgar un proyecto minero  que no se está haciendo en ningún país de la región.

Deben haber políticas púbicas que prohíban tecnología y prácticas que amenazan al medio ambiente como el uso de cianuro, que tampoco hay en los países de la región, porque en Guatemala la mina Marlen usó cianuro; en Honduras la del Valle de Siria, que ya está en proceso de cierre, también uso cianuro y hay pruebas del  daño en salud, pruebas de sangre que tienen resto de metales pesados en los pobladores.

En la mayoría de países de la región existe esta labor, de la minería, pese a que no existen las condiciones adecuadas. Hasta hoy El Salvador es el único que tiene en sus manos decir no,  antes que dictar una ley a favor de la industria ¿esto lo ve viable?

En realidad todos los países tienen en sus manos decir no, pero en El Salvador la lucha de los movimientos sociales ya avanzó a tal punto que ya hay una posición un poco desde el gobierno, por ejemplo lo del presidente Mauricio Funes de decir que no permitiría una actividad que dañara a los salvadoreños, también el ministro de Ambiente. Hay varios que han dicho que esta es una actividad con la que hay que tener cuidado.

Por ejemplo, el estudio de la Evaluación Ambiental Estratégica, ese estudio dice claramente que no existen las condiciones por el tipo de país, este es un país densamente poblado, ya lo decía, pero esto significa que si hay una licencia no estarán en un área geográficamente aislada sin población, sino que los vecinos de las comunidades están a pocos metros de la mina, que le podría afectar por las explosiones que harán vibrar sus casas, carreteras todo el tiempo ocupadas por transporte pesado, en daños al paisaje y a la salud, si es que utilizan  tecnología de este tipo.

mineria1Si realmente no hay una política donde las comunidades se podrían beneficiar concretamente de esos proyectos, entonces tampoco es beneficio porque a veces, como en Guatemala y en Honduras las empresas están exentas de pagar impuestos. Es la regalía del 1 por ciento legal en Guatemala, lo mismo en Honduras y eso representa muy poco para el ingreso general del Estado, y eso, por  más que la municipalidad donde opera esa licencia pueda recibir un porcentaje, la opacidad que hay, la falta de transparencia y también corrupción, hace que difícilmente llegue a los afectados y que realmente pueda beneficiarse de un proyecto minero.

El tema del agua está vinculado a gran escala ¿Cómo se divisa con la industria minera?

Yo pienso que el tema fundamental para El Salvador es el recurso agua, las licencias de explotación minera usan mucha cantidad de agua, son casi piletones como los de un estadio de fútbol que se usan en el proceso de separación del oro y de la roca para poder sacar el neto y luego seguir con el proceso.

Entonces, en un país altamente poblado que depende del recurso agua de Honduras y Guatemala, que no tiene agua propia de manantiales internos, es muy difícil, se pone en riesgo el agua de todos los salvadoreños para consumo diario, porque el oro no se puede tomar. Finalmente nadie puede comer eso ni tomarlo.

¿Desde Oxfam tienen alguna propuesta sobre todo en el caso de la minería transfronteriza?

Nosotros como Oxfam trabajamos a través de otras organizaciones y también tenemos un rol en la articulación entre organizaciones nacionales y los gobiernos. En Guatemala trabajamos con la organización MadreSelva y con CALAS, que están trabajando en el tema de Cerro Blanco; y la Mesa Nacional Contra la Minería también lo trabaja en El Salvador, se han establecido diversas comisiones de trabajo.

Yo, como parte Oxfam, participé también  en la conferencia en Guatemala cuando se hizo el estudio de Impacto Ambiental de la mina Cerro Blanco, que fue un estudio fraudulento, dicho por el mismo Rob Robbison, experto internacional que lo revisó. Fraudulento porque los datos que tiene son datos que no reflejan la realidad de las comunidades de la zona, donde tampoco hay estudios técnicos adecuados de cómo se va a tratar, tomando en cuenta que es una mina subterránea requiere mucha tecnología para tratar el agua.

Cerro Blanco, en particular, es una mina en la que hay un rumor en Guatemala, no está confirmado aún porque lamentablemente no hay mucha apertura con los funcionarios por lo tanto cuesta mucho tener información certera. Pero lo que se está diciendo al momento, con las organizaciones que trabajamos y la información que dan es que esa mina finalmente no operaría, no por la oposición que hay en El Salvador y Guatemala, sino porque parece que en las operaciones técnicas y en los estudios descubrieron  que le agua sale muy caliente, hay aguas termales, y tratarla es un costo demasiado alto que no puede asumir la empresa, entonces se supone que la empresa está viendo si la venden o la trasladan.

La lucha contra la minería es la misma en los tres países, pero ¿qué hace la diferencia para que sólo en El Salvador aún no haya un instrumento legal a favor de la minería?

En Guatemala es una situación muy difícil, a diferencia de El Salvador que hay gente de gobierno que tienen una posición tomada, en ese país su presidente ha dicho públicamente que es una opción de desarrollo para Guatemala, que es una actividad que va, que las licencias que están esperando se tramiten para ser otorgadas, van a ser dadas, acaban de aprobar dos nuevas, una en San Rafael. Es una situación difícil, ¿cómo negociar con un gobierno con una posición así?

En ese caso, cuando los gobiernos ya están decididos, personalmente creo que hay que empezar a influenciar a las empresas, dar conocer esta información a los accionistas a las casas matrices.

En cuanto a los conflictos  por los intereses tanto de las empresas como la resistencia de las poblaciones y organizaciones ¿cómo está esta situación?

El caso de los conflictos a causa de la minería es un caso que lamentable existió en El Salvador y hubo cuatro muertes en Cabañas, que siguen en la impunidad; en  Honduras igual y recientemente en Guatemala, ahí es desastrosa hasta hay órdenes de capturas dirigidas a líderes , incluso hasta al líder del Parlamento Inca, activistas que conocemos que no son ni delincuentes,  ni terroristas, ni todas esas “etiquetas” que muchos operadores y de gobierno, porque no decirlo, con sus medios de comunicación coactados que etiquetan a líderes sociales.

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