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Misión de Inversión de España. Cuando los derechos son retórica

Fuente: Eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com

Febrero de 2013

La Misión de Inversión de España hacia Guatemala (3 a 5 de diciembre de 2012, integrada por al menos 22 grupos empresariales) anticipa una nueva fase de expansión empresarial transnacional.
Guatemala es, hoy, una gran plataforma de negocios. A pesar del saqueo centenario, el país ofrece viejas y nuevas oportunidades: parques eólicos, energía solar (presentes ya en los nuevos proyectos de expansión del servicio eléctrico), gestión/privatización del agua, generación eléctrica a partir del recurso hídrico, negocios agroalimentarios y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el marco de la economía verde.
La Secretaría de Estado de Comercio de España, a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa, en el texto Líneas orientativas para 2012, define los sectores estratégicos de cara a la internacionalización de las empresas españolas: 
Energía: proyectos llave en mano, especialmente de energías renovables.
Sectores relacionados con el medio ambiente, especialmente agua y tratamiento de residuos sólidos.
Bienes de equipo con alto componente tecnológico español.
Servicios de ingeniería y arquitectura integrados en proyectos completos industriales o civiles.
Tecnologías de la información y la comunicación, como todo lo relacionado con las telecomunicaciones, satélites, sistemas de información y de gestión.  
Transporte, y en particular lo relacionado con el sector ferroviario, metros, aeropuertos, infraestructuras portuarias y servicios de gestión.
Infraestructuras, particularmente cuando el contratista principal sea una empresa española, incluyendo y siendo de considerable importancia los sistemas de control de redes de infraestructuras. 
Sectores Kioto, incluyendo la generación de unidades negociables en los mercados de carbono, tales como derechos de compra de emisiones de CO2 o similares.
Esta argumentación es reforzada en el Informe Guatemala 2012, elaborado por la Oficina Económico y Comercial de España en Guatemala. El informe no excluye ningún ámbito ni ningún sector para la expansión de empresas, incluso aquellos espacios (agua, medios ambiente) que no deberían estar sujetos a la comercialización:
Maquinaria de todo tipo, pues Guatemala está en proceso de industrialización.  
El sector agrícola, mayor sector exportador.
La maquinaria para la madera, maquinaria para el plástico y para el papel y cartón.
El sector de los alimentos es netamente exportador en Guatemala y se han detectado necesidades en maquinaria para el proceso de alimentos, así como para el envasado y empaquetado.
El sector de la ingeniería y consultoría.
Las consultoras especializadas en modernización del estado, educación y capacitación, apoyo a la justicia y al sector salud tienen importantes posibilidades. También las empresas para asistencia a empresas pymes.
Sector de productos cerámicos, herrajes, iluminación, muebles de baño y cocina, grifería, herramientas manuales.
El sector de bienes de consumo, sobre todo ropa y calzado, el sector editorial y los productos alimenticios, sobre todo aceites y vinos.
Son también importantes los proyectos MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio), es decir el tratamiento de residuos, la depuración de aguas, las energías renovables, donde España tiene una gran experiencia.
Empresas y diplomacia: encuentros cercanos
La Misión empresarial de diciembre llegó encabezada por una alta autoridad política: el Secretario de Estado de Comercio de España, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. El gobierno español, en palabras del citado Secretario, puso a disposición de los empresarios participantes los  instrumentos de internacionalización de las empresas españolas (financieros, apoyo político) y facilitó avales institucionales, a través de la Embajada de España y la influyente Cámara de Comercio Guatemalteco Española, apoyada por el propio Ministerio de Economía y Competitividad.
Así, la expansión de las empresas españolas se produce a la par de los apoyos de su gobierno. Estos apoyos incluyen –como instrumento fundamental- un papel comercial cada vez más agresivo de las delegaciones diplomáticas, en este caso de la Embajada de España, en el marco de la denominada diplomacia comercial:
El concepto de diplomacia comercial consiste en el apoyo institucional a las empresas españolas en el exterior. Los gobiernos ponen a disposición de las empresas mecanismos para la internacionalización, exenciones fiscales, créditos blandos, a través de los créditos FAD y la puesta a disposición de un aparato diplomático que empieza con la monarquía y sigue con ministros, diplomáticos, etc. A ellos les toca abrirles mercado y si hay  algún conflicto, negociar directamente con las autoridades locales”.
Miguel Muñoz Ortega, La otra cara de la “Marca España” http://omal.info/spip.php?article4930.
La diplomacia comercial genera un esquema en el que las embajadas son actores de negocios clave (facilitadores de inversión y negocios); las ficinas técnico comerciales y las Cámaras Oficiales Españolas de Comercio, que cuentan con financiamiento del Ministerio de Economía y Competitividad, incrementan su poder, así como el personal del Instituto de Comercio Exterior. En este marco, la política exterior se subordina a las demandas económicas.
La ponencia de estudio sobre el papel de las empresas españolas, elaborada por la Comisión de Relaciones Iberoamericanas del Senado de España, 2010, concluye a este respecto:
“Todas las empresas participantes coincidieron en señalar que sus relaciones con las Embajadas españolas son muy buenas, habiendo mejorado considerablemente a lo largo de la última década. Esto se consideró debido a la cada vez mayor implicación de las mismas en la expansión de las empresas españolas y en la defensa de sus intereses. También coinciden en reclamar una mayor implicación de las Embajadas en la búsqueda y fomento de oportunidades de negocio, adoptando una vertiente más comercial, si cabe, de sus acciones”.
Según dicha ponencia, la diplomacia comercial debe concretarse y fortalecerse a través de estas acciones (entre otras):
Coordinación entre las Consejerías Económicas y las jefaturas de misión (Embajador),
el incremento del personal integrado en las Oficinas Comerciales y los becarios del Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX,
la actualización de la formación de los diplomáticos en lo referente a cuestiones económicas y empresariales,
el fortalecimiento de las cámaras oficiales españolas de comercio.

Este esquema contradice y eventualmente anula otros entendimientos y acuerdos políticos: el apoyo cada vez más lejano a los acuerdos de paz, el respeto y promoción de los derechos, la democratización olvidada.
Las redes del silencio
La diplomacia comercial impide las críticas y el seguimiento político a las empresas. En el momento de la realización de la Misión, al menos tres casos de alto impacto que involucran a transnacionales españolas fueron conocidos  (e ignorados) por la Misión, así como por las autoridades de la Embajada, presentes de forma permanente en el país:
1
En Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, la población del municipio e investigadores reportan que la transnacional energética Hidralia-Ecoener-Hidro Santa Cruz, propiedad del empresario español Luis Castro Valdivia, contrata a exmilitares como operadores políticos, ejerce coacción, amenaza la vida de líderes opositores –al señalarlos públicamente-, favorece la represión y el creciente cierre de espacios de participación y libertad, genera un ambiente de terror (disparos al aire, intimidación) para garantizar su presencia. Además, influye en el sistema de justicia para la captura de líderes y participa a través de sus empleados en el asesinato del primero de mayo y el atentado contra dos dirigentes. Al impulsar su proyecto hidroeléctrico a pesar del rechazo de sectores amplios de la población, la empresa afecta la paz social en Barillas.
Un documento elaborado el siete de enero por comunidades de Barillas denuncia:
“El ingreso ilegal e imprudente de la empresa Hidro Santa Cruz en nuestro territorio hace cuatro años, cuando iniciaron el aforamiento del río sin el permiso del pueblo de Barillas, periodo en el que inicia un ambiente intolerante que restringe e infringe nuestras prácticas milenarias de organización social, política y cultural, de conformidad con nuestra filosofía cosmogónica.  El representante legal de esta empresa, siendo el señor Luis Castro, coacciona la voluntad y conciencia  de nuestras autoridades. A pesar de que el alcalde municipal ha manifestado temer a Dios, sin embargo, conjuntamente nos presionan a aceptar la firma de un convenio cuyo contenido es absurdo e ilegítimo, con el propósito de  construir la empresa Hidro Santa Cruz a favor de esta misma transnacional y no del pueblo”. 
2
En el mes de julio de 2012, Terminal de Contenedores de Barcelona obtiene el usufructo para operar la Empresa Portuaria Quetzal. Investigaciones documentan irregularidades en la adjudicación, negociada en secreto y en condiciones desventajosas para el Estado y la población. Un extenso reportaje elaborado por Diario La Hora anota al menos diez de estas irregularidades, de las que son responsables tanto el Gobierno-Estado como la empresa y autoridades españolas, y recomienda la anulación del contrato:
“Sorprendente “eficiencia”. Los procesos se realizaron con una rapidez inusual, pese a que se trata de un negocio importante y que el contrato de usufructo consta de 28 hojas en formato de protocolo.
Base legal sin claridad y reglamento sin publicación. Se debió de haber citado las normas concretas en las que fundamentan el contrato y en todo caso, es de hacer notar que la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal no menciona la palabra usufructo. 
La empresa adjudicataria dispuso de información privilegiada.
El  Estado, no la empresa, paga los impuestos”.
Documento completo:
3
En el caso de la distribución de energía eléctrica, continúa el malestar por los cobros irregulares y excesivos y por el servicio deficiente. Este malestar es herencia de la labor de la española Unión Fenosa Gas Natural (distribuidora en 19 departamentos, durante más de diez años) y de la también española Iberdrola (distribuidora en tres departamentos, durante el mismo periodo de tiempo). Unión Fenosa Gas Natural fue, durante su estancia en el país, señalada de actuaciones impositivas y autoritarias, cuando no abiertamente delincuenciales y criminales (al respecto, ver Carta denuncia de más de 200 organizaciones catalanas y españolas, 17 de marzo de 2010, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102385).  
Cuando los derechos son retórica
Las transnacionales españolas en Guatemala utilizan de forma sistemática las siguientes prácticas:
Falsean u ocultan la realidad: esconden su identidad corporativa (empresas de cartón o de reciente creación), lo que les permite –entre otros- disimular la pluralidad de intereses que representan.
Reinterpretan las leyes a su favor y se benefician de un Estado construido a la medida de los intereses empresariales, donde la  legislación, la institucionalidad, incluso los actores (partidos, gobierno, funcionarios) son funcionales a los intereses de la acumulación. La legislación no obliga al pago de impuestos, no exige ni condiciona estudios de impacto ambiental de sus proyectos. El sistema de justicia es anuente a los cantos de sirena de las empresas (perdón, del desarrollo).
Recurren a la violencia o se benefician de ella, incluso en connivencia con poderes paralelos y organizaciones criminales, como en el caso de la Portuaria Quetzal que SÍ Y SÓLO SÍ puede operar a partir de la negociación con los poderes reales que controlan las rutas del contrabando. Similar situación se produce en Santa Cruz Barillas a través de los vínculos de Luis Castro Valdivia con la red de control del poder judicial de Villatoro (el rey del tenis, por sus actividades ilícitas en el contrabando de mercadería).
Se amparan en la complicidad o el silencio de las autoridades españolas: la Embajada se convierte en epicentro para el impulso de negocios, y no en apoyo político para el fortalecimiento de derechos colectivos.
Ignoran la opinión de las comunidades y sus derechos a la consulta previa, informada, y vinculante.
La Misión de Inversión obvió la conflictividad. El gobierno español y la embajada minimizan o silencian los problemas generados por las empresas, fundamentadas en un patrón de actuación autoritario, arrogante, impositivo, violento, desconocedor de derechos y soberanía de comunidades y pueblos.
La visión del gobierno español y sus embajadores como amigos del proceso de paz, facilitadores de procesos democráticos (incluyendo los simbólico-culturales) se diluye y desaparece en la dinámica de expansión empresarial.
Lo importante es la ampliación de negocios. Lo demás es retórica.

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