Fuente: Enlazando Alternativas
Enero de 2012
La amenaza es de vieja data pero ahora el Gobierno parece dispuesto a cumplirla. El Ejecutivo se encamina a abandonar el sistema tradicional de protección de inversiones.
El pulso legal que en los últimos años han sostenido algunas transnacionales en tribunales como el del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a raíz de las expropiaciones agotó la paciencia del Presidente de la República.
“De ese Ciadi tenemos que salirnos nosotros (…) Nosotros no reconoceremos decisiones de Ciadi”, dijo Hugo Chávez el 8 de enero en el Aló, Presidente.
Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería, ratificó la decisión y fue más tajante al señalar que ni siquiera aceptarán un tribunal de arbitraje surgido en la Unasur y que negociarán los acuerdos bilaterales de protección de inversiones con una veintena de países. “No existe el arbitraje internacional en ningún nuevo proyecto petrolero”, dijo el funcionario.
El abogado y especialista en temas de arbitrajes, Luis Alfredo Araque, no duda al afirmar que “nos exponemos a unos problemas de tipo internacional gravísimos” si Venezuela concreta su salida del Ciadi y denuncia los tratados bilaterales de protección de inversiones.
“Si la tesis de (Rafael) Ramírez es que va a firmar contratos sin cláusulas de arbitraje de protección de inversiones, pues firmarán contratos que nosotros no conocemos con los iraníes y se acabarán los contratos con las compañías petroleras internacionales”.
A juicio del especialista, en el ámbito del comercio internacional es impensable que un privado lleve su capital a otros mercados si no tiene garantizada la posibilidad de ir a un tribunal de arbitraje internacional en caso de controversias.
Diana Droulers, directora ejecutiva del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, coincide con Araque y agrega que además de inhibir a los inversionistas, la denuncia del tratado del Ciadi puede provocar una “avalancha” de nuevas demandas.
“Habrá una avalancha de casos inmediatamente ya que todo el que cree que podría tener una pretensión va a iniciar un procedimiento”.
De acuerdo a la normativa del Ciadi un Estado se desvincula de ese organismo seis meses después de oficializar la denuncia del tratado, pero todos los casos aceptados previamente en esa instancia seguirán su curso y las decisiones serán de obligatorio cumplimiento.
En el caso de los convenios bilaterales, la mayoría de ellos indica que sus disposiciones seguirán vivas diez años después de la denuncia del acuerdo para aquellas inversiones que se realizaron mientras el tratado estaba vigente, razón por la cual la posibilidad de que el Gobierno deba cancelar una indemnización seguirá latente.
En caso de que el Gobierno nacional se niegue a pagar, Araque asevera que existe el riesgo de embargo o congelación de fondos de empresas como Pdvsa.
Argumentos inválidos
La razón fundamental que han esgrimido las autoridades para justificar la decisión es que en contratos y proyectos de “interés público” no está permitido el arbitraje internacional.
Araque recuerda el artículo 151 de la Carta Magna contiene esa disposición. Sin embargo, apunta que no existe una ley que defina lo que es de “interés público” y que ese carácter a los contratos de inversión se los otorga la Asamblea Nacional (AN), tal y como dice el artículo 150, y no a posteriori como pretende ahora el Ejecutivo nacional.
“Parece lógico pensar que cuando el contrato no ha conllevado tal aprobación, no podría ser calificado de contrato de interés público”, sostuvo el también autor del libro Manual del Arbitraje Comercial.
Si la idea del Ejecutivo es sustituir el Ciadi por un tribunal de arbitraje como el de las Naciones Unidas, Araque considera que el fondo del asunto no cambiará. “Vendría siendo exactamente lo mismo, es un tribunal igual al Ciadi”.
