FSA – Organizaciones lanzan campaña contra Tratados Bilaterales de Inversión

Agosto de 2010

Fuente: Adital

Karol Assunção *

Minga Informativa de Movimientos Sociales

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En el marco del FSA, lanzan campaña internacional contra CIADI

Fuente: alertaperu.org

El 12 de agosto, en el marco del Foro Social de las Américas realizado en Asunción (Paraguay), un colectivo de organizaciones latinoamericanas lanzó la campaña “No al CIADI ni a los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones”. El CIADI es un tribunal internacional de arbitraje de decide como última instancia en los conflictos entre un Estado y una empresa. Sin embargo, las organizaciones y redes que convocan a la campaña denuncian que la mayoría de veces este tribunal decide a favor de las empresas, y no toma en cuenta si se está perjudicando intereses de las poblaciones locales. Luciana Ghiotto, de la asociación ATTAC de Argentina, forma parte de esta campaña y en esta entrevista con Alerta Perú nos explica por qué.

“Cualquier lucha popular se enfrenta en última instancia con acuerdos internacionales que los pueblos desconocemos”

Entrevista con Luciana Ghiotto, de la asociación ATTAC de Argentina

¿Qué es el CIADI y por qué iniciar una campaña para cuestionarlo?

Pensar el CIADI es pensar la política de inversiones en los últimos 30 años a nivel global, la protección a las inversiones y una serie de mecanismos legales que han sido desarrollados con el fin de generar este andamiaje internacional. El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) nació en el año 1967 en el seno del Banco Mundial. En ese momento, antes de la crisis de los 70, había un fuerte proteccionismo de los Estados y por ejemplo los latinoamericanos no suscribieron el tratado del CIADI para poder entrar y estar bajo la jurisdicción de este tribunal internacional. A partir de los años 90 hay una ola neoliberal muy fuerte en los gobiernos de la región, y estos suscriben de manera mayoritaria el tratado del CIADI que pone al Estado bajo la jurisdicción de este organismo. Esto va de la mano con los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que generan un marco de protección para las inversiones y son firmados entre dos Estados -por eso son bilaterales- para que los inversionistas puedan moverse libremente de una frontera a la otra. La mayoría de TBI fueron firmados, de un lado, por países industrializados con mayor capacidad de exportación de inversiones, y del otro lado por nuestros países con mucha menor capacidad de exportación. Por ello hay una asimetría de base, que quiere decir que han sido firmados para beneficiar a los capitales de países como los de Europa, o Japón, China y claramente EEUU y Canadá también.

¿En qué beneficiaría al sector popular denunciar este tratado?

Cualquier lucha que se desarrolle contra las empresas, va a tener que enfrentarse en última instancia con estos acuerdos que ya fueron firmados por los países y sobre los cuales los pueblos desconocemos, la mayoría de las veces, porque resultan técnicos, tediosos, aburridos y complejos, y los manejan los abogados quién sabe dónde. Nos afecta directamente. Por ejemplo, si hay una fuerte manifestación social en contra de una minera o porque los servicios públicos privatizados imponen a la población los precios que a ellos se les da la gana, en este caso las empresas siempre tienen un as bajo la manga que es denunciarnos frente al CIADI y de ese modo lograr que el Estado pague millones de dólares como resarcimiento. Por ejemplo, echar a la Barrick Gold en los andes entre Argentina y Chile implica que esas empresas no van a quedarse de brazos cruzados y van a recurrir al CIADI como forma de proteger su inversión. Es decir que si queremos lograr soberanía popular sobre nuestros territorios, tenemos que darnos una estrategia no sólo de lucha popular, sino que tenemos que aprender sobre estos recursos internacionales. La lucha es en dos ámbitos: en la calle, y también en los espacios donde se deciden estas cosas, que es importante para poder modificar este régimen y ver cómo las inversiones pueden ser beneficiosas para nosotros los pueblos, y no para los capitales.

Si nuestros países se unen a la corriente de denunciar el CIADI, ¿no se exponen a sanciones más graves, eventualmente?

Eso es un mito. Es interesante ver si hay una relación entre la Inversión Extranjera Directa y el nivel de protección que se la da a las inversiones, y eso es algo que nosotros estamos empezando a investigar. ¿Por qué? Por ejemplo, Brasil recibe la mayor cantidad de inversión extranjera y sin embargo no tienen firmado el ingreso al CIADI. Por otro lado, tiene firmados 16 tratados de inversiones pero ninguno fue ratificado por el Congreso, quiere decir que ninguno está en vigor. Sin embargo, es el país que mayor inversión recibe. También puede hablarse de Bolivia y Ecuador, que son los únicos dos Estados del mundo que se han salido del CIADI, en los últimos dos años. Y en esos casos no han tenido una merma en la inversión extranjera, sino que lo que se ha hecho es regular la relación entre Estados y empresas extranjeras. Eso demuestra que no va a haber corridas de inversionistas, sino que están dadas las condiciones para revisar este marco legal. Otro caso es el de Argentina, que tiene unas 20 demandas en el CIADI por haber modificado el 2003 las condiciones contractuales luego de la crisis económica. Pero ninguna de estas empresas se ha ido del país. Es decir, las empresas utilizan esto como un método de chantaje para poder presionar a los Estados para que estos generen políticas públicas cercanas a sus intereses. A pesar de estas modificaciones, las empresas siguen teniendo ganancias millonarias, o sea que tampoco el corazón del problema son los tratados, sino la relación entre empresas, Estado, pueblos e inversiones.

Los que defienden instancias como el CIADI dicen que no se puede violar los contratos con las empresas porque los contratos se hacen, justamente, para ser respetados…

Claro, si lo ven desde esa lógica tienen razón. Claro que sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta en qué momento fueron firmados estos tratados, y con qué objetivos. Estos tratados fueron firmados principalmente en los primeros 7 u 8 años de de la década de los 90. Por ejemplo en Argentina todos fueron firmados entre el 91 y el 94. ¿Eso qué quiere decir? Es un momento de derrota del movimiento obrero, sindical y los movimientos sociales a nivel de todo el mundo, porque tiene que ver con el momento del desplome de la Unión Soviética y mientras tanto se estaba hablando del fin de la historia, del fin de la geografía, del fin de las ideologías… Es decir es un momento muy particular en el cual los capitales avanzaron fuertemente en la búsqueda de garantizar su ganancia. Lo que pasa es que ese momento, de alguna manera, ya ha culminado y ahora hay otra realidad, en la cual se está tratando de garantizar el derecho de los pueblos por sobre el derecho de los capitales. El debate no puede pasar por sólo el respeto o no de los contratos, sino ver cuáles son las necesidades de los pueblos. Por ejemplo, la última demanda en el CIADI contra Uruguay la ha presentado este año la Philips Morris, que es la empresa que fabrica los cigarrillos Malboro. El interés esgrimido por el Estado para obligar a la empresa a respetar ciertas reglamentaciones tiene que ver con la salud pública. Entonces la empresa lo que dice es que se han violado sus derechos y entavla esta denuncia. De ese modo, las empresas pueden darle vuelta a cualquier tipo de política que no sea una expropiación directa. En este caso el Estado está poniendo reglas para la protección de la salud de la población. Este tipo de tratados no pueden seguir manteniéndose en esas condiciones y tienen que ser renegociados, o anulados.

¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo deberían ser las nuevas reglas de juego para las inversiones?

Lo interesante es que esto está en discusión hoy en día. Hay diferentes alternativas que surgen en cuanto a la defensa de la soberanía de las naciones. Por ejemplo, en Bolivia que empezó un proceso de renegociación de estos TBI surgía la posibilidad de volver a tener lo que se conoce en la legislación internacional como la “doctrina Calvo”, que plantea que los temas de demanda contra el Estado tienen que ser juzgados por las cortes nacionales en territorio de ese Estado. No en una corte “ad hoc” cuyos tribunales están en París o en Washington.

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