9 de Julio de 2010
Fuente: Periódico digital Erbol
El gobierno de Evo Morales anunció una cruzada internacional contra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) por parcializarse en los casos que lo enfrentan a las empresas Química Industrial del Bórax (Quiborax) y Euro Telecom International (ETI).
“El Órgano Ejecutivo iniciará una campaña internacional de rechazo a los atropellos a la soberanía boliviana en que ha estado incurriendo el Ciadi”, manifestó el director general de Defensa Jurisdiccional y Arbitral, Danny López.
Por su parte, la ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero, explicó que no se aceptará que CIADI responda al capricho de ciertas empresas y anunció que el asunto será tratado con Cancillería de Chile y a nivel internacional.
“Lo que queda a Bolivia es desobedecer todo lo que el tribunal plantee, plantearemos el martes en una reunión el consensuar y coordinar nuestras quejas que serán enviadas al canciller chileno y nuestra campaña va a ser internacional con todos, inclusive con los procuradores, quienes están ya de nuestra parte y que se solidarizan con la agresión de CIADI”, manifestó.
Asimismo, López adelantó que “Bolivia no acatará ni entrará al proceso porque lo va a proferir un tribunal absolutamente parcializado”, al mencionar que en ambos casos el Estado rechazará cualquier disposición o proceso arbitral porque Bolivia ya no pertenece al Ciadi y no lo considera un tribunal para atender cualquier demanda en contra del país.
Explicó, en el caso de Quiborax, pese a que Bolivia interpuso el 7 de abril de este año una recusación contra el tribunal arbitral a cargo del caso, hecho que además paralizó el proceso, el Ciadi ratificó el 7 de julio a sus miembros, lo que quiere decir que la demanda seguirá su curso.
Similar es el caso, según el funcionario, de la multinacional ETI, ex accionista mayoritaria de la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
En 2004, el Gobierno del entonces presidente Carlos Mesa determinó retirar la concesión estatal otorgada a la empresa Quiborax, de capitales chilenos, que hasta ese momento realizaba tareas de explotación de ulexita en el salar de Uyuni, Potosí. Luego, la demanda arbitral fue presentada en 2006. Fue desde este tiempo que CIADI se encarga del arbitraje que a la actualidad el gobierno califica de parcializado.
