Por Juan Antonio Montecino y Rebecca Dreyfus
Fuente: Foreign Policy In Focus (FPIF)
Phillip Morris Internacional cree que Uruguay es la tierra Marlboro. El 19 de Febrero, el gigante del tabaco presentó una demanda en contra de ese país, alegando que las nuevas leyes de salud sobre el empaquetado de cigarrillos son un tratamiento injusto a la compañía.
La nueva legislación de Uruguay, presentada en junio de 2009 y que se espera entre en vigor en marzo de 2010, exige que el 80 por ciento de cada lado de las cajetillas de cigarrillos sean cubiertos por imágines gráficas de los posibles efectos peligrosos que fumar trae para la salud. La compañía sostiene que la ley limita el espacio para su imagen de marca, violando sus derechos de propiedad intelectual.
Esos requisitos no son nuevos en Uruguay ni en otras partes del mundo. Antes de esta norma, la legislación Uruguaya exigía que el 50 por ciento de cada lado de la cajetilla contenga advertencias de salud, y aunque estas leyes varíen en otros países, han estado presentes por muchos años. Brasil, por ejemplo, requiere que el 100 por ciento de un lado de las cajetillas de cigarrillos tengan advertencias de salud, mientras que en Australia las leyes son más fuertes, requiriendo advertencias en el 30 por ciento de la cara del frente y 90 por ciento en la de atrás.
Uruguay no es el primer, segundo, tercero, cuarto, ni aún el quinto país aplicar estas leyes. Hay una amplia gama de apoyo para estas leyes alrededor de todo el mundo, desde países vecinos como Chile y Argentina hasta tierras lejanas como Australia y Canadá.
Irónicamente, Philip Morris, con sede en EEUU, está presentando su reclamo amparado en un tratado bilateral de inversión entre Uruguay y Suiza, país europeo que el 1 de enero de 2010 se convirtió en la más reciente nación en adoptar reglas más estrictas para el empaquetado de cigarrillos.
Phillip Morris tiene su sede en Nueva York pero su centro de operaciones es en Lausanne, Suiza. La empresa es famosa por sus Marlboros (el cigarillo más vendido del mundo) y controla cerca del 15 por ciento del mercado internacional de cigarrillos fuera de EEUU.
Este caso es muy similar a otros que actualmente tienen lugar en regiones en desarrollo, donde empresas poderosas del norte desarrollado tratan de aprovecharse de “las protecciones al inversionista”, presentes en acuerdos comerciales y tratados bilaterales de inversión, parea asegurar sus ganancias a cualquier precio. Estos asuntos son decididos por tribunales de arbitraje internacional que no pueden forzar a un país a revocar sus leyes, pero si pueden fallar a favor de una gran compensación al inversionista extranjero.
La demanda de Phillip Morris es un paso lógico en la agresiva estrategia de la industria del tabaco hacia nuevos mercados, en un momento en el cual los mercados tradicionales en el mundo desarrollado se hacen pequeños. La Organización Mundial de la Salud informó que “el consumo de tabaco está en aumento en el mundo en vías de desarrollo pero que está bajando en naciones desarrolladas. Entre los estadounidenses, la tasa de tabaquismo se redujo a casi la mitad en tres décadas (de mediados de los 60s a mediados de los 90s), cayendo al 23 por ciento de los adultos en 1997. En el mundo en vías de desarrollo, el consumo de tabaco aumentó en un 3,4 por ciento por año”.
Según el último informe anual de Phillip Morris, las ganancias de mercados emergentes crecieron un 17 por ciento entre 2007 a 2008, y ahora, con $33 billones, son más grandes que las ganancias producidas en la Unión Europea. También, las ganancias de Phillip Morris han crecido más en Latino América y Canadá, en un significativo 23 por ciento.
Hay muchos argumentos en nombre del interés público para desalentar el consumo de cigarrillos. Fumar tiene grandes costos sociales, tanto por los gastos de asistencia médica como por los efectos negativos en la productividad de los trabajadores. Las enfermedades relacionadas al fumar afectan desproporcionadamente a la gente pobre, que tiene menos acceso a la asistencia médica y para quienes el consumo de tabaco representa una parte mucho más grande de sus ingresos.
Tabaré Vázquez, un medico calificado y que fue el presidente del país hasta el 1 de marzo, promovió las leyes uruguayas contra el consumo de tabaco. El nuevo presidente de centro-izquierda, Pepe Mujica, que viene del mismo partido de Vázquez probablemente apoyará estas normas anti-tabaco. Durante su campaña y en declaraciones después de su elección, Mujica ha hecho hincapié en que la continuación de las políticas de su antecesor tendrán un papel importante en su agenda.
Todas naciones deberían poder aplicar la legislación que creen que protegerán mejor la salud de su población, sin tener que enfrentarse a costosas demandas de corporaciones multinacionales. El juicio de Philip Morris es sólo uno más dentro de la larga historia de abuso de poder que la industria de tabaco ha ejercido.
Rebecca Dreyfus es asistente de investigación del Instituto para Estudios Políticos y colaboradora de www.justinvestment.org, un sitio web operado de manera colectiva por el IPS y El Centro Para la Democracia cuya sede es en Bolivia. Juan Antonio Montecino es asistente de investigación en el Centro de Investigación en Economía y Políticas en Washington D.C. trabajando en temas sobre el desarrollo económico latinoamericano. Ambos son colaboradores del Foreign Policy in Focus.
Traducido al español para la RJSIG por Claire Mullen






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