Manuel Pérez Rocha
Institute for Policy Studies
En días pasados cinco luchadores sociales salvadoreños viajaron a Washington para recibir del Institute for Policy Studies el prestigiado premio internacional de derechos humanos Letelier Moffitt en una emotiva celebración, junto con la Unión de Trabajadoras Domésticas, de Nueva York, quienes recibieron el mismo premio a nivel nacional.
Este grupo de salvadoreños son miembros de la renombrada Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que incluye a diversas organizaciones sociales, ambientales, religiosas, de desarrollo local y centros de investigación. La “Mesa Nacional” –abreviación por la que se le conoce- ha logrado que el gobierno de El Salvador detenga la explotación minera del oro en sus comunidades de la zona norte del país.
Este logro se ha dado contra viento y marea, enfrentando un clima de represión que ha desatado la violencia que ha llegado al asesinato de uno de sus principales organizadores; Marcelo Rivera. El éxito del trabajo de la Mesa se basa en actividades de información, concientización y movilización, mediante los cuales han destruido el mito de que la inversión extranjera en minería puede traer progreso para las comunidades rurales; o de que puede haber una “minería verde” como las empresas mineras presumen. De acuerdo con la Mesa “la amenaza de la explotación minera fue asumida como un problema nacional, no sólo de las comunidades aledañas a los proyectos, sino como un problema de sobrevivencia del país, de continuidad de la vida humana”. En efecto demostraron la inviabilidad de minería metálica El Salvador dada su “estrechez territorial, alta densidad poblacional, grave deterioro ambiental, cercanía de los recursos hídricos, entre otros factores”.
Al haber detenido a la empresa canadiense Pacific Rim y a la estadounidense Commerce Group de explotar sus tierras, la Mesa ha logrado detener la continuación de la degradación ambiental en El Salvador, el cual es, según datos de ellos “el segundo más deteriorado ambientalmente en América Latina, sólo después de Haití”. De acuerdo con ellos “la explotación minera agravaría tal situación debido a la contaminación –en agua, aire y suelo– provocada por el uso de químicos tóxicos como cianuro, desprendimiento de metales pesados (arsénico, plomo, cadmio, etc.) y generación de drenaje ácido”.
A pesar de la contundencia científica con lo que se ha demostrado lo anterior, tal y como dijo Vidalina Morales de la organización Asociación para el Desarrollo Económico y Local (ADES) en su emotivo discurso de aceptación del premio, es ahora “el victimario quien demanda a la victima”. En efecto, a pesar de que las organizaciones de la Mesa y expertos ambientales (dos de ellos estadounidenses) han logrado demostrar como la empresa minera Pacific Rim ha incumplido requisitos ambientales, violentado leyes, ocasionado daños ecológicos, pérdidas económicas para las comunidades y ocasionado conflictos sociales y corrupción, es ésta la que se hace ahora pasar por la víctima y exige a El Salvador que le page 77 millones de dólares por negarle la licencia de explotación de la mina El Dorado.
Esta exigencia de Pacific Rim se basa en las reglas de inversiones del tratado de libre comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA) bajo las cuales un inversionista extranjero puede demandar a un Estado nacional por haberle impedido una ganancia futura. Las disposiciones relativas a solución de controversias otorgan, además, la facultad de que éstas sean llevadas a tribunales supranacionales, como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que es el tribunal al cual se ha llevado este caso.
Otra empresa ya siguió con perspicacia los pasos dados por Pacific Rim para obtener sumas millonarias por inversiones que ni siquiera se han realizado. Tal es el caso de la minera estadounidense Commerce Group que extorsiona al Estado salvadoreño con 100 millones de dólares exigiendo la restitución del permiso de explotación que le fue suspendido por haber contaminado un río del país.
En pocas palabras, estas empresas le dicen a El Salvador, ‘o me dejas explotar tus tierras y sacar de ellas tu oro, no importa cuan devastador sea para la población y el medio ambiente, o te demando y me pagas con dinero la ganancia que esperaba obtener, que para esto tenemos el flamante DR-CAFTA y tribunales como el CIADI’. Lo terrible e inmoral del caso es que estos dineros de un país empobrecido como El Salvador, en lugar de destinarse para satisfacer necesidades como salud o alimentación, afectadas también por el mismo DR-CAFTA, deben ser destinados para pagar a estos chantajistas asesorados por abogados que cobran grandes cantidades. Como dice la Mesa
“Las demandas de Pacific Rim y Commerce Group sientan un precedente peligroso para El Salvador y cualquier Estado que no responda a los intereses de las corporaciones transnacionales. Por tanto, es necesario discutir la reversión o –al menos– una reforma del CAFTA en sus aspectos más nocivos, especialmente su ambigua definición de inversiones y el nefasto principio de expropiación indirecta, que define como tal toda acción u omisión gubernamental que perjudique la rentabilidad –incluso la perspectiva de ganancias– de las empresas. Estas demandas también deben motivar una revisión de todos los convenios bilaterales de inversión y una reflexión sobre la posibilidad de renunciar a la jurisdicción de organismos como el CIADI, como lo hicieron recientemente Bolivia y Ecuador. El objetivo es cerrarle puertas a eventuales demandas de empresas e inversionistas contra el Estado”.
Además de recibir el premio en mención, la visita de los miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica a Washington D.C., que se ha extendido a otras ciudades de Estados Unidos y Canadá (incluyendo Vancouver, que es la sede de la Pacific Rim) ha reunido a una serie de organizaciones dispuestas a acompañarles solidariamente en su lucha presente y futura; su lucha por terminar con los desmedidos privilegios a estas empresas, por que se frene el clima de violencia y malestar social que han desatado, por que se cancelen estas injustas e inhumanas demandas al Estado salvadoreño y por que se pase en el congreso nacional de El Salvador un ley minera que prohíba la explotación del oro en el país y otros metales en el país.
Para quienes tuvimos el privilegio de recibir y acompañar a estos compañeros y compañeras de la Mesa pudimos recibir de ellos un ejemplo de fuerza y valor que sirve para organizaciones en todo el hemisferio y a nivel global que luchan contra la demencial extracción de recursos de nuestro planeta cuyo único propósito es la usura. El oro es quizás el mejor símbolo histórico de muerte y destrucción de pueblos enteros en aras del enriquecimiento. Por eso la lucha de la Mesa es la lucha de todo defensor y defensora de los derechos humanos y de quienes estamos preocupados por el futuro de la humanidad y el planeta. Por esto mismo, es necesario revocar los tratados de libre comercio, que como el DR-CAFTA dan pie para que las empresas transnacionales desaten esta serie de atropellos a la dignidad humana y a la vida misma. Los compañeros de la Mesa nacional han venido a Washington a decirnos que si se puede y nos han dejado con muchas ganas de seguir luchando.
