Exigen alto a la minería metálica en El Salvador

Fuente: Metrolatino USA
Por Ramón Jiménez

Exactamente cuatro meses después que el activista Marcelo Rivera fue secuestrado y asesinado el 18 de junio en El Salvador, por su oposición a las explotaciones mineras en el país, su muerte todavía sigue en la impunidad.

“Mataron a mi hermano para bajar el movimiento social; no es delincuencia común como la Fiscalía General de la República quiere hacer creer a la población, y la policía no quiere investigar”, denunció Miguel Rivera, hermano del fallecido y originario del departamento de Cabañas.

El cuerpo de la víctima fue encontrado 12 días después de su secuestro entre las poblaciones de San Isidro e Ilobasco, a unos 50 kilómetros al nororiente de San Salvador.

Miguel Rivera, integró una delegación de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, que esta semana estuvo de visita en Washington, D.C. para recibir el Premio de los Derechos Humanos Letelier-Moffitt, otorgado por el Institute for Policies Studies, en reconocimiento a sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica —de la que Marcelo Rivera era miembro— está trabajando para hacer de El Salvador el primer país en poner límites contundentes a la minería de oro, explotadas por la empresa canadiense Pacific Rim Mining Company, que bajo presión ha suspendido las perforaciones.

Según el activista Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabañas, las multinacionales mineras, como respuesta han demandado al Gobierno salvadoreño por 77 millones de dólares, para poder librarse de esas limitaciones, y han acudido a las reglas establecidas bajo el Tratado de Libre Comercio (CAFTA), del cual El Salvador y el resto de países centroamericanos son signatarios.

“Ellos quieren el oro, nosotros queremos seguir viviendo en nuestras comunidades”, enfatizó Pineda.

Pineda denunció que la violencia en contra de líderes comunitarios ha crecido desde el junio de 2009, incluyendo amenazas a muerte, secuestros y asesinatos, y fue de esa forma como se dio el asesinato de Marcelo Rivera, director de ASIC (Asociación de Amigos de San Isidro Cabañas) y fuerte vocero en contra de la minería, sigue en la impunidad.

Según el activista Francisco Pineda, la minería es causa de envenenamiento, contaminación del agua, desplazamiento forzado de comunidades enteras, y lucro corporativo a expensas de los pobres. Considera que detener su avance representa una gran victoria para las comunidades rurales y para el medio ambiente.

Durante un encuentro con salvadoreños residentes en la región metropolitana de Washington, la delegación además de poner al día a sus connacionales sobre la grave situación de la minería en su país, también les explicaron como pueden apoyar un desarrollo económico y sostenible en El Salvador, que proteja el medio ambiente y los recursos naturales.

Pineda y Rivera indicaron que han visitado el Valle de Siria en Honduras, donde existe la explotación de una mina y han comprobado los daños que ocasiona.

Alertaron que en ese valle existen grandes cantidades de plomo y arsénico, que hace que las personas pierdan el cabello, que los niños ingieran esos químicos tóxicos y que los ríos se sequen, debido a las profundas perforaciones que realizan en busca del metal.

“No queremos vivir la situación que esas comunidades están afrontando”, dijo Pineda.

Organizaciones que trabajan con las comunidades salvadoreñas como CISPES, SHARE y otras entidades se oponen a la explotación de las minas.

“Pacific Rim debería de respetar el deseo del pueblo salvadoreño retirando la demanda contra el Gobierno y cerrar la mina El Dorado porque contamina el medio ambiente”, demandaron dirigentes del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).