La Contienda por Oro en El Salvador

Fuente: Foreign Policy In Focus
Por Emily Schwartz Greco

Mientras la transición por décadas del El Salvador pasa de un estatuto conservador a uno izquierdista con su nuevo presidente Mauricio Funes, el país encara una disputa internacional sobre el acuerdo de libre comercio entre EEUU y Centro America. La corporación canadiense Pacific Rim Mining Corporation está demandando al gobierno por su negativa a permitir la explotación de oro en el norte de las zonas rurales de El Salvador. Si Pacific Rim consigue obtener los $100 millones de convenio que busca, esto podría establecer un precedente lamentable con grandes dificultades. Esta en juego una pregunta que perturba a todas las naciones: ¿Pueden triunfar los intereses privados sobre la soberanía de una nación bajo la ley internacional?
Este 30 de abril, Pacific Rim inició reclamos de arbitraje contra El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de El Banco Mundial. La corporación alega que El Salvador violó el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y EEUU (TLC). (¿Ya te enredaste?. La compañía canadiense Pacific Rim puede demandar a El Salvador bajo la violación de El Tratado de Libre Comercio, a pesar de que Canadá no es parte de ese acuerdo porque la empresa tiene filiales en EE.UU.).
Los funcionarios de Pacifc Rim acusan que el gobierno ha violado sus “derechos de inversionista” desaprobando su Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentada por ella. Sin el visto bueno de esta evaluación, Pacific Rim no puede obtener su permiso necesario para poder explotar oro en El Salvador.
La compañía insiste que sus operaciones no presentan ninguna amenaza a la estabilidad ecológica o sanitaria de El Salvador, pero una amplia serie de líderes comunitarios, activistas, y expertos ambientales no están de acuerdo. Ellos sostienen que la evaluación de Pacific Rim no provee suficiente evidencia que respalde las alegaciones de “minería verde” de dicha compañía, y que sin embargo esto sirve como cortina para cubrir el verdadero impacto socioeconómico que la minería de oro produce en la pequeña densa nación. Estos movimientos sociales opinan que Pacific Rim debería ser el demandado. Rodolfo Calles miembro activista de la Mesa Frente a la Minería Metálica, un grupo en contra la minería, añade que Pacific Rim y otras “compañías extractoras en cuestión han violado leyes nacionales, causado daños al medioambiente, provocado perdidas económicas nacionales, generaron conflictos entre comunidades locales, fomentaron la corrupción política, y ofendieron lideres religiosos.”
Hasta ahora, el movimiento salvadoreño contra la minería de metales preciosos en El Salvador, ha tenido éxito en obligar al gobierno a luchar contra el fuerte armado de Pacific Rim. Pero todavía existen preguntas con respecto a la resolución de Funes y su postura desafiante ante la presión internacional. Estas preocupaciones han tomado más cuerpo en semanas recientemente debido al asesinato de Marcelo Rivera, un activista en contra la minería. Rivera fue secuestrado el 18 de junio. Su cuerpo fue encontrado el primero de julio. Los activistas exigen que las autoridades salvadoreñas, las cuales aluden que esto solo fue un crimen común, investiguen lo sucedido que ante ellos fue un asesinato político premeditado.
A Fondo
Pacific Rim empezó a explorar el potencial del país con la explotación de oro hace casi siete años, trazando un sistema de venas que cubre porciones considerables del tramo norte de El Salvador. La compañía comenzó sus operaciones invitados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MAR), que cedió permisos de exploración el 2002 bajo la administración neoliberal de Francisco Flores. Desde entonces, la corporación ha identificado unos 25 sitios para la extracción de oro a través de siete departamentos nacionales invirtiendo más de $80 millones.
Mientras que el resto de las multinacionales no han visto históricamente a El Salvador como un territorio prometedor para la mina, Pacific Rim extendió sus operaciones significativamente ante la inflación de precios del oro en el mercado internacional. Con el valor de oro casi triplicado desde el 2001 la compañía aseguró a sus accionistas, que dando se a conocer “grados abundantes de oro” e indicios de “excitantes descubrimientos de oro,” estos expandirían sus oportunidades en inversiones futuras con rendimientos muy altos.
Mientras tanto, ecologistas salvadoreños, organizaciones sociales civiles, y otros en el país están cada vez más alarmados ante los efectos adversos de la mina de oro. Los críticos señalan la contaminación de agua y tierra con los residuos químicos como amenaza tras las operaciones mineras (donde mineros utilizan agua mezclada con cianuro para extraer oro de rocas subterráneas, las cuales expertos debaten, avanzan a las reservas locales de agua donde son utilizadas para beber). Todos los emplazamientos de Pacific Rim están ubicados a lo largo del río más extenso del país, el Río Lempa, lo cual tiene preocupados a ecologistas. La cuenca del río se extiende casi a través de la mitad del país, suministrando un gran porcentaje de agua potable del país. Aun mas, el Río Lempa también corre por Guatemala y Honduras, lo que aumenta el riesgo de la expansión de agua contaminada a través de la región.
Pacific Rim niega que estas preocupaciones sean reales. La corporación alega que desintoxicaría cualquier agua utilizada para la mina, y esto dejaría estas fuentes locales de agua aun mas puras que antes. “Uno podría prácticamente coger agua con un baso y beberla,” aclamo recientemente Barbara Henderson de Pacific Rim a el Miami Herald; “Hemos cumplido todas las condiciones bajo la ley. Así que el gobierno de El Salvador no tiene base ninguna sobre la cual no tome decisión alguna [con respecto a los permisos de mina].”
Pero los expertos no están de acuerdo. Robert Moran, un hidrogeólogo no partidista e independiente, emprendió una revisión técnica de la evaluación ambiental de Pacific Rim del 2005, concluyendo que “esto no sería aceptable ante la mayoría de agencias reguladoras en países desarrollados.” En su informe final, Moran observa que “la evaluación publica del EIA claramente carece de franqueza y transparencia … sólo una copia impresa del EIA está disponible … en todo El Salvador. El publico tiene que revisar y debe enviar comentarios escritos de este documento de 1.400 paginas dentro de un periodo de diez días de trabajo. Fotocopias o fotos de este documento en cualquier forma no son permitidos.” Por otra parte, Moran indica que el EIA ignora completamente “muchos de los impactos ambientales encontrados en sitios similares en donde hay minas de oro,” y expresa preocupaciones sobre datos reales “de sus riesgos sísmicos en cálculos llenos de incertidumbre” junto a otros problemas, los cuales son solo presentados en la copia de evaluación en inglés.
Activistas Locales se Defienden
Estas preocupaciones se incorporaron a la inquietud popular. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, una organización que coordina acciones a nivel nacional, van de frente en la marcha. Empezando con organizaciones locales y protestas de pequeña escala, La Mesa y sus organizaciones hermanas han logrado convertir la minería en un asunto central en la política salvadoreña. (La Mesa aceptará el Premio Nacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt este año; junto con la de El Instituto para Estudios de la Política (The Institute for Policy Studies) — coordinadora de la Política Exterior Enfocada (Foreign Policy In Focus) — la cual también acoge la entrega de premios anual de Letelier-Moffitt).
Los activistas consiguieron una victoria temprana cuando Pacific Rim cedió a congelar sus operaciones en la mina de Santa Rita en el 2006, la cual fue un resultado a la negociación de un enfrentamiento con organizaciones locales contra la minería. Aunque la reunión falló en alcanzar un compromiso aceptable mutuo, las organizadores locales lograron utilizar este enfrentamiento exitosamente al atraer la atención de los medios de comunicación y del gobierno, alcanzando un apoyo amplio nacional e internacional.
El impulso detrás del movimiento aumentó aún más cuando la Conferencia de Obispos de la Iglesia Católica Romana publicó una declaración de oposición a las operaciones mineras en El Salvador. Además de enumerar las consecuencias adversas de estas minas hacia las personas de El Salvador y del medioambiente, los obispos reprendieron la justificación económica de Pacific Rim ante sus operaciones de minas de oro. “Ninguna ventaja material,” los obispos advirtieron, “puede ser comparada con la del valor de la vida humana.”
El efecto la resistencia local, combinada con apoyo religioso, tuvo un impacto decisivo en la resolución del gobierno. Con encuestas públicas se manifiesta una clara oposición de la mayoría a la mina de oro, y a pesar del entusiasmo inicial a la propuesta de minería de Pacific Rim, los funcionarios del partido conservador mayoritario ARENA se negaron a otorgar los permisos a la compañía para empezar la extracción de oro en depósitos subterráneos. En si, el gobierno dejó de reconocer la existencia de Pacific Rim. Reclamos y peticiones repetitivas para permisos fueron presentadas por la compañía ante los ministerios de gobierno, pero ellas fueron inmediatamente ignoradas.
Desde entonces La Mesa ha continuado presionando. Sin confiarse de la actitud silenciosa del gobierno ante la suplica de permisos, con un apoyo inmenso a su causa, la organización presentó un proyecto de ley al congreso para su consideración en el 2006, que prohibiría toda la minería de metales preciosos en El Salvador. Mientras que el proyecto de ley fue casi inmediatamente rechazado de deliberación, no fue totalmente olvidado. Tiempo después de la toma de poder de Funes, el Frente Fabarundo Martí para la Liberación Nacional (un partido izquierdista de oposición, mejor conocido como el FMLN) retornó la propuesta ante el legislado y la presento a la Asamblea Nacional de El Salvador para voto. Según el Latín American Herald Tribune, el proyecto de ley propuesto otorgaba, a Pacific Rim y otras compañías extranjeras, seis meses para suspender operaciones antes de que sean ordenadas a dejar el país.
Acción Legal
Frente a la realidad de no obtener permisos, mas probablemente estancados dentro de la burocracia del gobierno y junto a organizaciones locales de resistencia ganando terreno, Pacific Rim sometió una notificación de intención para presentar reclamos de arbitraje en diciembre del 2008, que convocaría a El salvador ante un tribunal internacional para resolver el caso. Específicamente, la compañía reclama que El Salvador violo el espíritu de no discriminación consagrado en el Capítulo 10 del acuerdo de CAFTA, al permitir contaminar a compañías nacionales mientras negaba el mismo privilegio a Pacific Rim.
El acuerdo que el gobierno de El Salvador firmó el 2006, da el poder a las corporaciones multinacionales de demandar a los gobiernos para cubrir con una indemnización en efectivo cuando su potencial de ganancia sean debilitados por medidas equivalentes a la expropiación. Pero como Canadá no es un signatario del CAFTA, Pacific Rim no esta técnicamente bajo la protección reclamada bajo el Capítulo No. 10., pero no obstante la corporación sostuvo su demanda mediante su subsidiario americano Pacific Rim Cayman LLC, y recibió los servicios de una firma de abogados americanos para de esta manera asegurar el apoyo del Congreso de los EEUU.
Bajo el Capítulo 10 de procedimientos del CAFTA, las partes en disputa son puestas bajo un mandato provisional de 90 días, los cuales tienen que ser respetados obligatoriamente antes de presentar sus reclamos en frente del tribunal. El expediente de Diciembre de Pacific Rim aseguró que su demanda coincidiria con las elecciones nacionales de El Salvador unos meses más tarde. Según Burke Stansbury, un miembro activista de El Comité de Solidaridad con las Personas de El Salvador (CISPES), la demanda fue fríamente calculada con el propósito de afectar el resultado electoral. Ellos, “oh amenazan con demandas para recibir muñeca o como estrategias para ayudar ganar las elecciones al partido ARENA,” indico Stansbury al Pacific Free Press en febrero.
Si esto fuese verdad, Pacific Rim calculó mal. El presidente saliente Antonio Saca permaneció firme ante su promulgado rechazo y ante las demandas de la corporación, rindiendo el caso con estatus de irrelevancia durante la elección. Aunque Saca se rehusó a ceder ante la presión de la corporativa — talvez políticamente motivado o basado en verdadera preocupación por su país — esto arrincono mas aun lado a Pacifc Rim ante la administración entrante de Funes.
En el 30 de abril, Pacific Rim presento una denuncia de arbitraje ante el CIADI, demandando $100 millones de pago por daños. “Los reclamos de la compañía bajo CAFTA” anunció la compañía en un comunicado de prensa, “son basados en las infracciones del gobierno ante leyes internacionales y salvadoreñas, como resultado a la incapacidad del gobierno de completar el proceso para permisos como es requerido a respetase bajo los derechos legales de la compañía … para así desarrollar actividades de minería en El Salvador”.
Rodolfo Calles del grupo La Mesa piensa distinto. “Permisos para operar no son automáticos; por decir, bajo la ley el gobierno no esta obligado a dar permisos después de haber permitido exploraciones. Pacific Rim presentó un reporte bajo el Environmental Impact Assessment que careció de requisitos ambientales, y no fue capaz de demostrar que sus operaciones de minería no contaminan el medioambiente… .En nuestra opinión, Pacific Rim es el que tiene que ser demandado, y no el gobierno de El Salvador; es la compañía la que tiene que indemnizar al país y no viceversa.”
Los primeros indicios sugieren que Funes buscara un convenio como solución para no arriesgar perder una demanda tan grande. “No estamos en posición de perder la litigación. Esos fondos deberían ser asignados ha programas sociales,” informo recientemente la Secretaria de Tecnología de El Salvador. En efecto, si el tribunal de arbitraje determina a favor de Pacific Rim, El Salvador podría ser profundamente paralizado por el pago de los $100 millones de dólares. Quizás más problemático aun seria que el veredicto mandara una señal a otras multinacionales en Centro America donde la ley defiende los intereses de corporaciones sobre los de las poblaciones locales.
No obstante, un arreglo de convenio también presentaría posibilidades igualmente alarmantes. Lo más probable es que se pase una enmienda a las actuales leyes ambientales y de la mineria, permitiendo un acceso más fácil a depósitos naturales para corporaciones extranjeras. De todas formas la propuesta de ley contra la minería patrocinada por la Mesa Nacional o FMLN sería arrinconada indefinidamente, y oportunidades de una resolución pacífica de las preocupaciones locales, con menos posibilidades de redención, serian perdidas.
Y encima de la demanda formulada por Pacific Rim el 16 de marzo, otra empresa minera internacional se añadió a la presión, interponiendo una demanda adicional bajo el CAFTA. Un conglomerado de compañías americanas, Commerce Group Corp. (Commerce) y San Sebastian Gold Mines, Inc. (Sanseb), sometieron una notificación de intención para presentar reclamos de $100 millones adicionales como compensación ante el presunto fracaso del gobierno, al no poder renovar permisos para minar oro y plata en San Rosa y oro en San Sebastian Goldline cerca de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión en El Salvador.
Este incremento de demandas ha despertado quejas en activistas, los cuales exigen que El Salvador revise sus convenios de acuerdos de comercio internacionales. “La demanda de Borde pacífico contra El Salvador despierta la necesidad de revisar tratados internacionales firmados por pasados funcionarios, especialmente con los del CAFTA, y revertir — o aunque sea modificar — esos aspectos que son perjudiciales y que violan nuestra soberanía.” ¿Son estos signos de esperanza desde Washington?
Las demandas de las compañías mineras— junto con la represión violenta de recientes protestas en el Perú — representan como último ejemplo del fracaso de acuerdos comerciales con EEUU, llenos de promesas de prosperidad y progreso en dichas regiones. Los políticos de EEUU, incluyendo a Barack Obama, parecen estar al tanto: acuerdos comerciales bilaterales con Panamá y Colombia continúan paralizados, y la presión para corregir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) continúa su tramo.
Todavía las esperanzas de que el movimiento social contra la minería en El Salvador haya encontrado un aliado con Obama aun no ha sido realizada. Obama, quien votó contra la entrada de CAFTA como un miembro del senado, habló apasionadamente en el recorrido electoral de su campaña contra los tratados de libre comercio (TLCs) que privilegian la ganancia económica sobre el bienestar de las poblaciones locales en amenaza. Y “con respecto a provisiones dadas a varias TLCs, que dan a inversionistas extranjeros el derecho de demandar a gobiernos directamente en tribunales extranjeros,” Obama prometió, “yo me aseguraré de que este derecho sea estrictamente limitado y sea completamente exento de cualquier ley o regulación vigente que proteja la seguridad pública o promueva el interés público.” Sin embargo como el presidente, Obama ha fallado hasta el momento en actuar de manera significativa en este asunto, por lo cual él mismo reconoce que se requiere de mayor atención y cambios urgentes.
El presidente informo recientemente que presentara un nuevo enfoque hacia un comercio equitativo, en la reunión de El Grupo de los 20 en Pittsburg este año. Esperemos que entonces Obama forje planes con un nuevo enfoque comercial, los cuales satisfagan su objetivo final de prevenir corporaciones extranjeras en su avance a “una ventana económica destruyendo el medioambiente” y corrija NAFTA, junto a otras TLCs para “aclarar que las regulaciones de leyes justas, antepuestas para proteger a los ciudadanos … no puedan ser anuladas ante la petición de inversionistas extranjeros.”
Pero hasta entonces podría ser demasiado tarde, ya que la comunidad salvadoreña a sido afectada por las operaciones de Pacific Rim. Y si Funes y sus otros “socios” que comparten la misma opinión — de preocupación sobre la ganancia corporativa invalidando la de seres humanos y el medioambiente —podrían establecer un precedente con dificultades inmensas, donde hasta la retórica mas elocuente de Obama caería en el profundo vacío de las falsas promesas.
Michael Busch, un contribuidor a Foreign Policy In Focus, es un socio de investigación en el Instituto de Ralph Bunche para Estudios Internacionales y un postulante al doctorado en relaciones internacionales en el Graduate Center, City University de New York.